El Colegio Dominicano de Periodistas podría someter un Recurso de Amparo a la decisión de la Jueza Claribel Nivar Arias porque viola el derecho a la información que tiene la sociedad dominicana y el libre acceso a la fuente informativa de los medios de comunicación establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República. Aurelio Henríquez, presidente del CDP informó que se reunió con una comisión de destacados juristas para iniciar un proceso de sometimiento de un Recurso de Amparo ante la Cámara Contenciosa Administrativa a la Resolución que impide el acceso de los medios de comunicación al juicio que se le sigue a los implicados en el caso de Figueroa Agosto.
Dijo que esta resolución viola además la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de los Derechos Humanos, en lo que tiene que ver el libre acceso a la información de todos los ciudadanos.
Recuerda que un juez solo puede emitir una resolución en ese sentido cuando se tratare del pudor, en caso de la violación de un menor, la dignidad y la intimidad de una persona y cuando en el juicio se vayan a conocer asuntos que ponga en peligro la seguridad del Estado.
Henríquez, precisó que el inciso 2 del artículo 49 de la Constitución establece bien claro que “todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privada de interés público”, como es el ocurrido en este caso, cuyo único acusador es el Estado Dominicano.
Recordó que en artículo 69, incido 4 de la Constitución, indica que los ciudadanos tienen “derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respecto al derecho de defensa”.
Además la resolución de la jueza viola el artículo 45 de la ley 6132, pero además viola el principio de transparencia en la administración de justicia que deben tener y que es defendido por la Suprema Corte de Justicia.
El presidente del CDP siente el temor de que detrás de esta resolución y otras que han sido tomadas con anterioridad, además de las críticas emitidas públicas y soterradas se quiera esconder un plan para tratar de coartar la libertad que tienen los medios de comunicación de acceder a las fuentes noticiosas.
Recordó los conceptos externados en el libro “Justicia y medios de Comunicación”, de la autoría de la jueza Katia Miguelina Jiménez Martínez, que en cierta forma viene a tratar de justificar algunas limitaciones que pretenden imponer a los medios de comunicación cuando buscan información de interés para la sociedad.
Se mostró extraño porque el propio presidente de la SCJ, Jorge Subero Isa apoya la presencia de la prensa en los juicios, porque con ellos se garantiza mayor transparencia en la conducción de los procesos que se le siguen a los ciudadanos, lo que contradice las acciones de algunas juezas que intenta coartar la libertad del pueblo a estar informado.
Pidió a la jueza Nivar Arias reconsiderar su decisión y reconozca el derecho a informar que tienen los periodistas y el derecho de la sociedad a estar debidamente informada de cuanto acontece en el país.
El juicio Figueroa Agosto envuelve uno de los casos de narcotráfico más sonados en los últimos años, que ha tenido trascendencia pública y la ciudadanía tiene derecho a saber sin cortapisas lo que ocurra en el tribunal.
Aurelio Henríquez dijo no entender porque el interés de conocer en privado un juicio de esa naturaleza, o quien o quienes ordenaron a la magistrada la privacidad del proceso que es de amplio interés colectivo.
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